La Comisión Europea cree que la falta de conexión entre la universidad y el mundo empresarial en España retrasará la salida de la crisis. También opina que la ineficacia de los servicios públicos de empleo es una de las causas por las que el paro azota más a España que al resto de Europa.

Las reformas legislativas que discuten ahora patronal y sindicatos en el marco del diálogo social empañan el verdadero problema de la economía española, que no es otro que la falta de conexión entre el sistema formativo, sobre todo el universitario, y las necesidades del mercado de trabajo. Esto es lo que opina el director de Políticas de Empleo de la Comisión Europea, Xavier Prats, quien insistió ayer en que mejorar esta conexión "es la reforma más urgente que necesita España y sobre la que menos medidas se están tomando". Y añadió: si España quiere salir de la crisis deberá abordar cambios desde una óptica más amplia que la legislación laboral, que es un señuelo que distrae la solución".

Prats, que participó ayer en una jornada sobre El desafío de la flexiseguridad organizado por la patronal CEOE y el Grupo Santander consideró que esta desconexión es una de las causas que hacen que España se vea más afectada por el desempleo que otras economías europeas donde el PIB cae incluso más, como es el caso de Alemania.

Pero, según este alto cargo de la Comisión hay otros factores que también inciden en que España esté más perjudicada por el paro. En concreto se refirió al mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem). En su opinión el ejemplo a seguir son los intermediarios públicos de Francia y Alemania. El servicio público alemán tiene 105.000 empleados, "cuyo contacto con el mundo empresarial es excepcional", algo que no ocurre en los servicios españoles. Y reprochó que la colaboración público-privada sea un "tabú" en España.

Otra de las claves para entender el caso español es la falta de medidas en flexiseguridad. Este concepto se refiere a un grado elevado de flexibilidad interna de las empresas combinado con la formación de ocupados y desempleados, a los que se les facilita una búsqueda activa de empleo.

En este contexto, Prats abogó por una reducción de la jornada que debería aprovecharse forzosamente para el reciclaje del trabajador. "No tiene sentido aplicar esta medida a empresas que no recuperarán su viabilidad ni a personas que no lo aprovechen para formarse", señaló en una velada crítica a los expedientes temporales (ERE) que se hacen en España, que no cumplen estos requisitos.

El sector de la formación y los intereses creados

¿Cómo se logra mejorar las relaciones entre la universidad y la empresa? Para el responsable de la Comisión, Xavier Prats, en España harían falta dos cambios. El primero de ellos afecta a la financiación de la educación, casi exclusivamente pública. Según sus datos, a un estudiante universitario el curso le cuesta 700 euros y ese mismo alumno cuesta al Estado 4.700 euros. De ahí que Prats abogó por una mayor presencia de la financiación privada. En segundo lugar, criticó al sector de la formación en España, "porque está dominado por intereses creados y funciona según la oferta y no la demanda". Esto explica que haya más de 200 licenciaturas con menos de 30 alumnos. Y pidió al profesorado español que no vea esta mejor colaboración con la empresa y un mayor peso de la financiación privada "como una especie de prostitución".